Lo digo precisamente desde una posición que no admite ambigüedades. Creo firmemente en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en la familia y en los valores cristianos que tantos hermanos nuestros defienden legítimamente en la sociedad. No escribo estas líneas desde la distancia. Durante años he servido activamente en espacios de evangelización y compromiso laical; hoy lo hago como Director del Grupo Tomás Moro y Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas (UNILCA). Mi preocupación nace precisamente de ese compromiso.

Cada vez resulta más frecuente escuchar dirigentes que invocan a Dios, defienden la vida, hablan de la familia y proclaman los “valores judeocristianos”, pero cuya conducta pública y privada parece muy distante de aquello que dicen defender.

Los cristianos tenemos derecho —y también el deber— de participar en la vida pública y proponer nuestra visión del ser humano y de la sociedad. El problema comienza cuando la fe deja de ser convicción para convertirse en estrategia electoral.

El cristianismo no puede reducirse a una selección conveniente de valores. Defender la vida significa proteger al no nacido, pero también reconocer la dignidad del pobre, del migrante, del anciano, del enfermo y del excluido. Defender la familia exige también crear condiciones para que pueda vivir dignamente. Defender los valores cristianos supone combatir la corrupción, practicar la justicia, respetar la verdad y colocar el bien común por encima del interés particular.

Cristo nunca buscó el poder político. Incluso rechazó su tentación. Por eso resulta peligroso convertir el Evangelio en una bandera partidaria.

La Iglesia no pertenece a la derecha ni a la izquierda. Su doctrina social interpela a ambas.

Como cristianos debemos aprender a distinguir entre quienes profesan auténticamente nuestra fe y quienes descubren en ella una oportunidad electoral. No basta citar la Biblia, levantar una bandera provida o pronunciar el nombre de Dios.

La fe exige testimonio.

Y quizás una de nuestras grandes responsabilidades hoy sea impedir que, en nombre de defender la fe, terminemos permitiendo que la fe sea utilizada.

El gobierno electrónico consiste en la utilización intensiva de la tecnología de la información en la administración pública que permita construir un gobierno más abierto, participativo, eficiente y transparente.

Existen varios niveles de implementación de gobierno electrónico y modelos que permiten medir el nivel de madurez del mismo. A nuestro entender podemos resumirlo en tres grandes etapas de desarrollo del gobierno electrónico.

En una primera etapa está el nivel informativo o presencial. Esto se realiza cuando, por ejemplo, las agencias gubernamentales y estatales empiezan a tener presencia en internet y un nivel inicial de uso de dispositivos tecnológicos en oficinas y áreas de servicio.

Cuando se logra alcanzar una segunda etapa de desarrollo empiezan a automatizar los servicios públicos misionales de cada instituciones pública y a realizarse transacciones en línea, flexibilizando el acceso al servicio prestado y aumentando eficiencia y efectividad.

Al alcanzar una tercera etapa de desarrollo ocurren dos fenómenos interesantes. Por un lado, empiezan a transparentarse con mayor eficiencia las ejecutorias públicas y el manejo de los fondos públicos a través de las redes sociales e iniciativas de participación ciudadana y por otro lado, empieza a ocurrir integración o interoperabilodad entre los sistemas informáticos del gobierno y los demás actores de sociedad. Esto incluye la integración de los sistemas de información de las organizaciones públicas permitiendo el intercambio de datos, informaciones y trámites gubernamentales.

En definitiva, gobierno electrónico es un modelo de uso intensivo de las TIC que permite construir una sociedad digital al servicio de la gente. Es fundamental incentivar, promover y apoyar todas las actividades encaminadas a la implementación exitosa de dichos medios tecnológicos.